SANTO DOMINGO. Especialistas en derecho internacional destacaron que, aunque numerosas constituciones otorgan a los jefes de Estado la facultad de conceder amnistías o perdones judiciales dentro de sus respectivos sistemas nacionales, dichas prerrogativas encuentran límites cuando se trata de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
De acuerdo con los principios establecidos en el Estatuto de Roma, un jefe de Estado puede conceder amnistías o perdones relacionados con procesos o sentencias emitidas por tribunales nacionales, siempre dentro del ámbito de la soberanía interna de cada Estado Parte. Sin embargo, estas decisiones no necesariamente impiden la actuación de la CPI cuando se determina que los procedimientos nacionales tuvieron como propósito evitar que una persona responda penalmente por delitos graves.
Juristas explican que el Estatuto de Roma reconoce el principio de complementariedad, mediante el cual la Corte interviene únicamente cuando los Estados no pueden o no quieren realizar investigaciones y enjuiciamientos genuinos. En ese sentido, la existencia de una amnistía o un perdón judicial no constituye por sí sola un obstáculo definitivo para la actuación del tribunal internacional.
Asimismo, se recordó que las facultades de los jefes de Estado no alcanzan a las condenas impuestas directamente por la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma establece que únicamente la propia CPI posee la autoridad para revisar o reducir las penas que haya impuesto a personas condenadas bajo su jurisdicción.
Los especialistas señalaron que la cuestión de las amnistías no está regulada de manera específica dentro del Estatuto de Roma, reflejando las diferencias de criterio existentes en la comunidad internacional sobre el papel que estas medidas pueden desempeñar en procesos de reconciliación nacional, transición política y construcción de la paz.
En diversos países y sistemas jurídicos existen mecanismos distintos para la concesión de amnistías, algunos más amplios y expeditos que otros. No obstante, la Corte Penal Internacional evalúa cuidadosamente la autenticidad de las investigaciones y procesos judiciales desarrollados por los Estados antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de un caso.
Los expertos concluyen que la cooperación entre los sistemas judiciales nacionales y la Corte Penal Internacional continúa siendo un elemento fundamental para garantizar la lucha contra la impunidad y el respeto al derecho internacional, especialmente en casos relacionados con crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad.
